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El presidente argentino Javier Milei anunció el miércoles un nuevo paquete de medidas para desregular la economía de un país con fuerte intervencionismo estatal, promover las exportaciones y la inversión, y abrir la puerta a la privatización de las empresas públicas con el objetivo de enderezar la crisis de la segunda mayor economía de Sudamérica.
El mandatario ultraliberal, quien asumió el puesto hace diez días, dispuso por decreto la eliminación de cientos de normas y anunció un conjunto de reformas legislativas, entre ellas la laboral, las cuales suponen un giro completo a la política económica de los últimos gobiernos liderados por el peronismo.
“El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país”, declaró Milei en un mensaje grabado y difundido por cadena nacional de radio y televisión, después de la primera manifestación en las calles contra su programa de ajustes.
Tras conocerse el anuncio, en varios barrios de Buenos Aires surgieron “cacerolazos” de rechazo. Decenas de ciudadanos se concentraban frente al Congreso golpeando cacerolas, imagen que se repetía en otras esquinas de la capital argentina. Horas antes del discurso presidencial, miles de personas habían marchado al centro convocadas por organizaciones políticas y sociales izquierdistas en protesta por las medidas de austeridad que anunció el gobierno la semana pasada.
El nuevo decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), bautizado como “Bases para reconstrucción de la economía argentina”, contempla la derogación o modificación de 300 regulaciones y entrará en vigencia el jueves cuando se publique en el Boletín Oficial.
“Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción”, manifestó Milei al iniciar su discurso leído.
Milei, quien se define como “anarcocapitalista” —corriente dentro del liberalismo que aspira a la eliminación del Estado—, derogó entre otras la norma que impide la privatización de las empresas públicas, que había sido impulsada por los gobiernos populistas de las últimas dos décadas.
Al mismo tiempo, dispuso la transformación de todas las empresas del Estado en “sociedades anónimas” para su posterior privatización y dejó sin efecto la ley de alquileres “para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”, según argumentó
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