Rafael E. Fernández
El Congreso del Perú aprobó el martes adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento por frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del expresidente Pedro Castillo.
En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó noventa y tres votos a favor, treinta en contra y una abstención. La reforma requería del apoyo de ochenta y siete legisladores y contempla también que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.
El presidente del Congreso, José Williams, explicó al final de la sesión que para entrar en vigencia la reforma deberá ser ratificada en una nueva votación en los próximos meses.
Las bancadas de izquierda, que apoyan a Castillo, habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una Asamblea Constituyente, pero el pedido no prosperó.
Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos.
Según las encuestas, 83 por ciento de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios para resolver la crisis.
Este martes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por su secretaria Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades «para recibir información sobre la crisis institucional y protestas».
La CIDH se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno y planea recorrer algunas ciudades del país.
Desde que iniciaron el 7 de diciembre, las protestas han dejado veintiún muertos y más de 650 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, según un último reporte de la Defensoría del Pueblo.
Castillo perdió el poder ese día tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.
Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión, cuando intentaba llegar a la embajada de México para pedir asilo, lo que desató una crisis diplomática.
El gobierno peruano concedió este martes el salvoconducto (permiso) para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales.
La esposa e hijos del gobernante se encuentran desde el martes por la mañana en la embajada de México en Lima y se les otorgó el asilo, según había confirmado más temprano el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
Con información de AFP
