Rafael E. Fernández
El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones ya dejan al menos quince fallecidos.
La Dirección Regional de Salud comunicó la muerte de siete personas este jueves tras enfrentamientos entre manifestantes y militares en Ayacucho, en el sur del país. Según la Defensoría del Pueblo, al menos dos de los fallecimientos se produjeron en una protesta en el aeropuerto de la ciudad.
Así, el balance de muertos por estas protestas se eleva a quince personas, justo en el día en que un juez accedió a un pedido de la fiscalía para mantener en prisión a Castillo preventivamente por dieciocho meses e investigarlo por rebelión y conspiración, tras un fallido autogolpe de estado el 7 de septiembre.
El magistrado consideró que existe «peligro de fuga» del exmandatario, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe.
Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024.
«Ya sabíamos lo que se venía (…) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval», dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa apelará.
El exgobernante, un maestro rural de izquierda y origen humilde, pretendía cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
Justificó su decisión en que la oposición no le permitía ejercer su labor y que recibía tratos racistas.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en «flagrancia» cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por treinta días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
Con información de AFP
