Hoy comienza formalmente una suerte de cuenta regresiva para la definición de la crisis política. Nos separa un mes del 30 de julio, cuando el Gobierno jugará su carta: la elección de los miembros de la Constituyente, mientras; la oposición seguirá tratando de cerrar el juego con la menor cantidad de pintas posibles, sin descartar un doble blanco.
Cada día que pasa es uno menos para una oposición jugada en la calle, en una apuesta que cifra ya ocho decenas muertos, en medio de trancones que flagelan a su propio voto.
En el Gobierno cada víctima pesa en medio de un desafìo de hacer que su Asamblea Nacional Constiuyente trascienda de eslogan publicitarios o amenazas veladas que digieran al casi 80% que, según encuestas, la rechazan.
“En el momento en que el Gobierno estaba contra la pared sacó un conejo del sombrero, la Constituyente, e impuso una nueva agenda. Ya no se habla de elecciones, renuncia, desabastecimiento, ni inflación. Ahora todo el debate gira alrededor de la Constituyente”, escribe el exdiputado Pedro Pablo Fernández.
Sin cambios, de momento, Miraflores tiene entre ceja y ceja el 30 de julio con una mochila tan pesada como la del afán opositor de parar la ANC. “Enamorar” a Venezuela de su tesis o lograr que la MUD abandone la calle, ambas empresas se antojan harto difícil en un contexto de creciente crisis económica, caldo de cultivo que mantienen, según Datanalisis, al presidente Nicolás Maduro rayando el 20% de popularidad.
“Si de verdad se ilusiona, como debe hacerse al pueblo de Venezuela, seguramente tendremos una alta votación, una alta legitimidad y unas bases inconmovibles para poder avanzar en lo que es el objetivo estratégico que es ganar la paz, luego lo que tiene que ver con la reorganización de la Constitución”, opina el constitucionalista Hermán Escarrá, uno de los mentores del tinglado legal que dio pie a la convocatoria constituyente.
Mientras, en la antesala del 30 de julio los radicalismos, de lado y lado, copan la escena en la que nadie, por ahora, da muestras de ceder un ápice.
En la calle, hace rato la dirigencia opositora perdió el control de los manifestantes. En la MUD no se desmarcan firmemente de la violencia, tampoco de las “confusiones” con chavistas que han propiciado, incluso, crímenes de odio, con quemados o persecuciones en sitios públicos.
Del lado del Gobierno juran que no usa más que gases lacrimógenos y “ballenas”, pero episodios como los de la base aérea La Carlota, donde murió el joven David Vallenilla por perdigonazos a quemarropa; o los disparos de un gnb en el distribuidor de Altamira que segaron la vida de Fabián Urbina, de 17 años; muestran que la respuesta de los militares va más allá del guión.
A un mes de la elección de candidatos cuánto margen tiene la Constituyente para detener la violencia e instaurar la paz: “Poco” responden analistas y hasta dirigentes del chavismo, puertas adentro.
“Hay que erradicar el lenguaje guerrerista, de aniquilar al otro, hay que eliminarlo, lo he visto en el discurso de ambas cúpulas”, interviene Héctor Navarro, antiguo hombre de confianza de Hugo Chávez, hoy en la acera de enfrente del Gobierno.
Pero nada de eso ocurre. Choque, confrontación, estridencia, descalificación parecen las palabras claves de Maduro, Ortega Díaz, Borges, Cabello, Ramos Allup, El Aissami y un largo etcétera de nombres en la crisis política.
“El acuerdo es el cumplimiento de la Constitución y cualquier negociación debe pasar por allí (…) No puede ser una burla más al pueblo. Yo no creo en acuerdos de cúpulas políticas. Tiene que haber una sincera discusión con el pueblo, no un diálogo como el que se ha pretendido llamar, se trata de un diálogo más allá de una cuerda de cúpulas”, agrega el exministro.
El Poder Originario pareciera tener los límites que la olla a presión de Venezuela le permitirá. «Una vez elegida e instalada no disuelve la Constitución del 99. La única forma de hacerlo es aprobando una nueva Constitución por la vía del referéndum popular directo», explicaba ayer en televisión el constitucionalista Jesús Silva.
Para Silva, una vez que se instale la ANC, elegida por el pueblo, esta está por encima de los cinco Poderes Públicos, “pero tiene un marco jurídico que debe obedecer la Constitución vigente, no puede eliminar las elecciones”.
En su opinión: “Si nos imagináramos que por elegir una asamblea constituyente esta está por encima de la Constitución entonces viviríamos seis meses, un año, o lo que dure esa constituyente sin una Constitución vigente y eso es impensable”.
Otro tanto opina Pedro Pablo Fernández, del Ifedec, “la Constituyente no cambia nada sustantivo, aun en el supuesto negado de que el Gobierno logre imponerla porque no va a resolver ninguno de los problemas que tiene”.
La “todopoderosa” y temida Constituyente originaria, salvo que ella misma decida lo contrario, revelándose contra su propio creador, el presidente Maduro, no tendrá solo el 30 de julio una cita con las urnas electorales, también necesitará el veredicto del “depositario del poder constituyente originario… Sic” (artículo 347 de la Constitución) que tendrá la última palabra.
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