Víctimas y activistas denunciaron ayer ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la «tortura sistemática» del gobierno de Nicolás Maduro a los detenidos por motivos políticos, en la primera audiencia sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
«Estoy aquí para que se haga justicia, porque sé que nada va a devolverle la vida, y para que su nombre quede limpio como ese gran ser humano que fue», se presentó la venezolana Johanna Aguirre, que perdió a su marido, José Alejandro Márquez, hace tres años.
En su camiseta el rostro estampado de su esposo y en su voz el temblor al recordar los duros tres días que pasaron entre su detención por la Guardia Nacional de Venezuela y su muerte por traumatismo craneoencefálico en una clínica privada.
Márquez, ingeniero, participaba en una protesta antigubernamental, cuando un agente le pidió que le entregara el celular con el que estaba grabando la actuación policial.
Él se negó y en su huida corriendo se cayó y se golpeó la cabeza, tras lo cual lo detuvieron.
«Fue golpeado brutalmente, los golpes fueron los que ocasionaron su muerte y no una caída como se trataba de hacer ver en la autopsia inicial», relató Aguirre a EFE al término de la primera de las audiencias con las que la OEA determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Su testimonio fue el más emotivo de los cuatro que se presentaron ante el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El abogado argentino, que no cobra por este trabajo, estará a cargo de todas las sesiones y será, por tanto, quien, como hoy, modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes.
«La presencia de las víctimas es fundamental. Detrás de cada cifra, de cada caso citado, hay una tragedia humana, una vida, una familia con cicatrices profundas que no se borran», defendió en su exposición Francisco Márquez, activista del partido opositor Voluntad Popular, ahora en el exilio tras cuatro meses encarcelado.
Márquez concluyó su alegato defendiendo la importancia de las audiencias en la OEA para los que están presos por motivos políticos en Venezuela.
Si concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
