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La Casa Blanca alivió las sanciones al sector petrolero del país el mes pasado después de que el presidente Nicolás Maduro alcanzara un acuerdo tentativo con líderes de la oposición venezolana en aras de realizar elecciones presidenciales competitivas el próximo año. Pero los funcionarios de la administración Biden establecieron dos condiciones para levantar las sanciones de Estados Unidos en ese momento y le dijeron a Maduro que tenía que cumplir ambas antes del 30 de noviembre.
Maduro primero debe “comenzar la liberación” de todos los rehenes estadounidenses actualmente detenidos en el país, según un comunicado difundido por la Casa Blanca. Tres ciudadanos estadounidenses han sido designados como detenidos injustamente y hay más detenidos en el país sudamericano, incluyendo uno que fue secuestrado pocas horas después del acuerdo alcanzado en octubre, recoge Alberto News.
En segundo lugar, Maduro debe “definir un proceso y un cronograma de pasos específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos” que quieran postularse para la presidencia, garantizando su libertad de movimiento y seguridad física.
Juan González, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, declaró públicamente que esto debe incluir a María Corina Machado, quien es ampliamente considerada como la dirigente opositora con mayores opciones de vender a Maduro en unas elecciones libres y democráticas.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo a McClatchy el martes que la administración está comprometida con la fecha límite del 30 de noviembre. “Nuestra declaración sigue siendo válida”, dijo el funcionario.
El gobierno estadounidense ha estado esperando que el gobierno de Caracas cumpla con los compromisos que asumió en una serie de negociaciones celebradas a lo largo del año con miembros de la administración Biden. Las conversaciones culminaron con la firma el mes pasado en Barbados de un acuerdo con líderes de la oposición para celebrar elecciones presidenciales el próximo año, reseña El Nuevo Herald.
Esos compromisos incluían permitir que cualquier líder de la oposición compitiera, implementar reformas profundas al muy criticado sistema electoral venezolano, permitir que los observadores internacionales supervisen los comicios y liberar a todos los presos políticos.
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