Desde el primer momento que se activó en la calle la Operación de Liberación del Pueblo comenzaron las denuncias y los llamados de atención por parte de académicos y promotores de derechos humanos. Hoy, a casi dos años de la instalación del macro plan de seguridad ciudadana, la propia fiscal de la República, con pruebas en las manos, demuestra su ineficacia y polémico alcance. Las cifras de homicidios son contundentes, afirman expertos.
En solo un año los índices de violencia aumentaron en un 22%, pasando de 58 muertes por cada 100 mil habitantes a 70,1. Al mismo tiempo las investigaciones contra funcionarios policiales por parte del Ministerio Público demuestran que de las 21 mil 752 personas que perdieron la vida durante el 2016 —según cifras de la Fiscalía—, los organismos de seguridad son presuntamente responsables de la muerte de cuatro mil 667, lo que equivale a un 22%, según el criminólogo y profesor universitario Keymer Ávila, quien se mostró alarmado ante el avance de la criminalidad en el país y de los nuevos registros policiales.
“Los homicidios aumentaron 12 puntos con respecto al último año, eso es muchísimo, es la cifra más alta de nuestra historia. Nunca habíamos llegado tan alto, incluso cuando ocurrió el Caracazo las estadísticas aumentaron cuatro puntos, pasamos de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes a 13, y esa fue la conmoción social más alta que hemos tenido en el país”, explicó el experto.
Además señaló que las cifras oficiales demuestran cómo ha aumentado la “letalidad de las fuerzas de seguridad del Estado”, ante lo cual reiteró su crítica a la OLP, plan que —a su parecer— solo ha generado mayor violencia en el país, disparando los distintos índices delictivos, hecho que queda demostrado con las cifras ventiladas por la fiscal general.
De acuerdo con la información proporcionada por Luisa Ortega Díaz las muertes en manos de funcionarios policiales aumentó en un 163% con respecto al año 2015 y en 344% en relación con el 2014. Explicó Ávila que, según las estdísticas, las muertes de supuestos delincuentes pasaron en un año de 10% a 22%.
En esta ocasión los números oficiales superan ampliamente las de las organizaciones no gubernamentales, como Cofavic, cuya directora reconoció que la data manejada por esta institución es de un incremento de 57% en un año. “Entre enero y diciembre del año pasado tuvimos conocimiento de dos mil 197 presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el 2015 registramos mil 396 casos”, indicó Liliana Ortega, quien agregó que el Cicpc es el cuerpo más señalado de incurrir en el mayor número de extralimitaciones.
Sin deseos de discutir sobre “los valores de legalidad de estas muertes”, la fiscal indicó, la semana pasada, que “la letalidad de las políticas policiales por si misma implica un aumento de la situación de violencia del país”. Por lo tanto, afirmo: “resulta imprescindible que el órgano rector en materia de seguridad ciudadana retome las directrices recogidas en la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, todos los postulados para el desarrollo de la seguridad ciudadana, el estatuto de la función pública y de las distintas resoluciones emanadas del Consejo General de Policía”.
De hecho en la presentación de su informe de Memoria y Cuenta, dado a conocer en la sede principal del Ministerio Público, como “casa de la justicia”, Luisa Ortega Díaz informó que los funcionarios de la Fiscalía investigan la muerte de 241 personas, ocurridas en el marco de las OLP, entre ellas figuran 15 adolescentes como víctimas. Por tal motivo, se abrieron 182 averiguaciones oficiales, lo que ha conducido a la imputación de 80 funcionarios de los cuerpos de seguridad y a 17 acusaciones.
A lo que se suma que los amplios despliegues de funcionarios policiales no han logrado su cometido: bajar los niveles de criminalidad en la población. Al contrario, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, violación de domicilio, robos, entre otros delitos de lesa humanidad, han aumentado con el paso del tiempo y la única reforma realizada en el camino fue la adición de una palabra al nombre del operativo: Operación de Liberación Humanista del Pueblo.
“No solo fracasó la OLP, sino todos los mecanismos de seguridad ciudadana. Hay más homicidios, más tenencia de armas ilegales, más violencia, hay también mayor impunidad. Es importante saber cuántos se investigan, cuantos responsables hay detenidos, cuántas privativas de libertad. Cuando hay aumento de las muertes no se puede considerar que un plan de seguridad ha sido un éxito”, recalcó Liliana Ortega.
La directora de Cofavic lamenta que en el balance de Memoria y Cuenta de la Fiscalía no se disgregaron las violaciones a los derechos humanos, como sí lo hicieron con el caso de los femicidios, para así precisar cuántos funcionarios están involucrados en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, torturas. “Eso es un problema para la investigación en materia de derechos humanos, es un coadyuvante de la impunidad, porque invisibliza la gravedad de los crímenes que pudieran estar involucrados en estos delitos”.
Ante la evidencia presentada desde el Ministerio Público, el criminólogo y ex directivo del entinto cuerpo de la Policía Técnica Judicial, Javier Gorriño, recalca la necesidad de regresar a las labores de inteligencia, no sin antes señalar que las OLP son una “copia al carbón ilegal” del plan Unión, desarrollado entre los años 80 y 90, donde se detenía de manera arbitraria a los sospechosos de delitos, a aquellos que tuviesen antecedentes penales, pero —en la actualidad— el marco legal del país no permite estas actuaciones, recuerda.
“Ya no son enfrentamientos con comisiones policiales, ahora son dados de baja, textual como lo dicen, manejados con criterios militares. Realmente no es un bando ni otro, son ciudadanos, nunca se demuestra si están solicitados, si tenían antecedentes, eso no da los resultados. Lo que sí da resultados son investigaciones, operaciones de inteligencia. Ahora vas a una comunidad y matas, demostrando que no son capaces de ubicar a los delincuentes. Tienes que molestar a toda la comunidad para ubicar a dos delincuentes. Eso demuestra que no tienen inteligencia”, afirma Gorriño.
En este sentido, invitó a la revisión del plan de seguridad, que, al contrario de obtener los resultados deseados, está generando molestias entre la población que se queja sobre la violación de derechos humanos y de violaciones.
Otro factor que fue desnudado por la fiscal general es la gran problemática que existe en el país con relación con las armas de fuego. El 86,6% de las personas fallecidas murieron producto de estas armas, indicó Ortega Diaz. Por tal motivo, afirmó: “es imperativo el desarme de la población civil y la implementación del control de armas y municiones para lograr la reducción de la criminalidad y la construcción de una cultura de paz”.
Ante lo cual Ávila acotó que el gobierno “achicharró” este plan aún antes de implementarlo. “Es más que necesaria la regulación efectiva de las armas de fuego en el país. Las autoridades quemaron el tema del desarme, se terminó convirtiendo en una política vacía”, indicó el especialista.
En el 2011, el presidente Hugo Chávez creó la comisión presidencial para el desarme de la población con el propósito de regular la situación con las armas de fuego en el país. En ese instante se tomaron medidas en torno a las armerías y los portes de uso, pero —en realidad— no se inició el proceso de desarme hacia la población. Ni siquiera se precisó cuántas armas habían en el país, entre la población civil.
La OLP ya alcanza casi dos años en medio de denuncias de toda índole, mientras las autoridades garantizan su eficacia, habrá que esperar cuál será la respuesta después de las cifras oficiales ofrecidas por la fiscal general. En un año se registraron tres mil 974 homicidios más en comparación con el 2015.
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