Rafael E. Fernández
En su Informe Mundial 2023, de 712 páginas en su versión en inglés, la organización Human Rights Watch (HRW) expuso en su capítulo sobre Venezuela la violación sistemática de los derechos humanos en el país por parte del régimen de Nicolás Maduro.
En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde 2020, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha identificado motivos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una política estatal de represión de opositores.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que cuenta con presencia en Venezuela, en 2022 dejó de tener acceso a los centros de detención donde hay presos políticos.
Las autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo como mecanismo de represión.
Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, con millones de personas sin acceso a atención básica de la salud ni a una nutrición adecuada.
Persecución, detención y tortura de opositores políticos
El gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Según informó el Foro Penal, una red de abogados penalistas que trabajan pro-bono, para octubre habían 245 presos políticos.
Al menos 114 presos políticos han estado más de tres años en prisión preventiva, pese a las limitaciones temporales que se incluyeron en una reforma reciente al Código Penal. Aproximadamente 875 de los 15.770 civiles que fueron detenidos en forma arbitraria entre 2014 y junio de 2022 han sido procesados en tribunales militares, informó el Foro Penal.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
Agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) y otras unidades policiales y militares han asesinado y torturado con impunidad en zonas de bajos recursos, incluso durante redadas de seguridad conocidas como “Operaciones de Liberación del Pueblo”.
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad invocaron “resistencia a la autoridad” en más de 19.000 asesinatos. Las pruebas indican que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales. La Oficina del ACNUDH documentó patrones relacionados con estos asesinatos en barrios marginados, pero informó una reducción considerable de los mismos durante 2022.
Independencia judicial e impunidad de los abusos
El poder judicial dejó de funcionar como poder independiente del Estado en el año 2004.
No se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la aquiescencia de autoridades de alto nivel.
Según lo informó la Misión de la ONU en 2021, las autoridades judiciales han tenido complicidad en abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales a posteriori, ordenar la prisión preventiva de forma rutinaria, confirmar detenciones sobre la base de pruebas dudosas y no proteger a las víctimas de torturas, entre otras cosas.
Derechos de la mujer
En Venezuela el aborto está penalizado, excepto cuando la vida de la mujer embarazada se encuentra en riesgo.
Según un estudio que llevó a cabo HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil que realizan un seguimiento de la emergencia humanitaria, los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres han perdido parte de su capacidad. Para el mes de marzo, había una escasez del 61,7 % en anticonceptivos y el 55,8 % de las mujeres embarazadas “no pudiera recibir una atención obstétrica adecuada”.
En septiembre, la Misión de la ONU documentó que mujeres y niñas han sufrido violencia sexual por parte de agentes de la FANB que trabajan en retenes y de grupos armados que controlan áreas mineras.
Derecho de voto
En febrero, la misión de la Unión Europea que daba seguimiento a las elecciones de 2021 emitió un informe final en el que describe obstáculos serios a la posibilidad de votar y postularse a elecciones, incluyendo la inhabilitación arbitraria de opositores políticos que aspiran a postularse a cargo públicos, el uso partidario de recursos estatales en la campaña, el acceso desigual a los medios de comunicación y las redes sociales, el bloqueo selectivo de sitios web y la ausencia de independencia judicial y respeto al Estado de derecho. Estas condiciones, según señalaron, comprometieron la imparcialidad y transparencia de las elecciones.
Hay elecciones presidenciales programadas para el año 2024, y elecciones legislativas y regionales para 2025.
Emergencia humanitaria
El Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de la ONU para el período 2022-2023 estima que hay 5,2 millones de personas que precisan asistencia en áreas como salud, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene.
La crisis de refugiados
Aproximadamente 7,1 millones de venezolanos han huido de Venezuela desde 2014, según lo indica la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), y cerca de 5,9 millones se han dirigido a países de América Latina y el Caribe.
Libertad de expresión
Las autoridades han estigmatizado, hostigado y reprimido a medios de comunicación, clausurando medios disidentes. La autocensura es generalizada debido al temor a represalias.
Las autoridades invocan la Ley contra el Odio, una norma imprecisa adoptada en 2017, conforme a la cual se prevén penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”, con el propósito de restringir las expresiones contra el gobierno.
HRW
