En medio de la nueva realidad habitacional impuesta por los asoladores sismos del 24 de junio pasado, la nueva Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles destinados a Vivienda, en vigor desde el 7 de agosto pasado, representa un avance significativo que abona el derecho del acuerdo entre propietarios e inquilinos, sin “alcabalas administrativas”.
Así opinaron la diputada de la Asamblea Nacional por la oposición, Diana Rodríguez, y los abogados y profesores Alfredo Abou-Hassan y Cora Farías, en el Foro “Nueva Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles destinados a Vivienda”, convocado por la Cátedra Libre Andrés Bello de Ética Cívica de la UCAB.
Sin embargo, advirtieron desde sus distintas visiones sobre las dudas, ventajas y escollos reales para las partes que solo podrán observarse en la medida en que la Ley ofrezca soluciones. Una situación que podría evaluarse a partir del primer trimestre de 2027, según se precisó.
En el foro participaron también el jefe de la Cátedra Libre Andrés Bello, profesor Ramón Guillermo Aveledo; y la profesora Mariana Campos Villalba, miembro del Comité Académico, quien lo moderó ante una nutrida asistencia, de modo presencial y vía online con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación.
El propósito del evento, realizado en el marco del Programa de Divulgación Cecilio Acosta, fue el de ofrecer una lectura del texto legal a partir de tres enfoques distintos, el del legislador, el del jurista y el del usuario, para enriquecer el debate sobre el tema de interés nacional, señaló el profesor Aveledo.
Y explicó que hay dos razones por las que una legislación sobre alquiler de viviendas interesa a una Cátedra.
La primera, porque la vivienda es la sede de la familia y su importancia radica en la necesidad social y como política pública, no solo de las que se ofrecen para la venta, sino también para el arrendamiento, “porque la demanda es mucho más que la oferta y porque en la situación de Venezuela, elevada inflación y escaso financiamiento, se hace muy remota la aspiración de comprar”.
En segundo lugar, subrayó que el tema del alquiler afecta a varios intereses, “todos legítimos”. “El de los propietarios de vivienda para alquilar, que necesitan seguridad. El de los inquilinos que necesitan tener donde vivir”, entre otros
Y en ese contexto, destacó que el objetivo de la norma es siempre el bien común con base en los intereses sociales y con el “cuidado al equilibrio razonable” de los intereses involucrados, y así debe prevalecer.
“Una norma, legal o reglamentaria que favorezca o proteja a un lado a costo excesivo para los demás desemboca en fracaso, tarde o temprano”, acotó.
Enfoque legislativo de la Ley
La Ley fue el resultado de un “proceso inédito”, tras la búsqueda de consensos internos, algunas dificultades y más de 900 propuestas recogidas durante el mes de julio, indicó la diputada Rodríguez al iniciar su intervención.
Y se dio en medio de la crisis de la vivienda acentuada por los sismos y la “ensalada” de textos legales sobre el tema, el último del año 2011 y vigente, que no representaron beneficios equilibrados para las partes.
La parlamentaria, integrante de la Comisión Especial para el proyecto de ley, mencionó los aportes del nuevo texto publicado en la Gaceta Oficial No. 7.065 Extraordinario del 7 de agosto de este 2026, que regirá para los nuevos contratos de viviendas a partir de esa fecha, mientras que los anteriores a esa fecha continuarán rigiéndose por la ley anterior, según precisó.
Entre los más relevantes, mencionó el“rescate del derecho a la propiedad” al reconocer los intereses legítimos de los propietarios de inmuebles, y también la no discriminación, particularmente de las personas afectadas por los terremotos en La Guaira.
“Una de las condiciones que se le imponen es que no debe ser de La Guaira y por eso incorporamos en la ley la no discriminación porque este tema de la vivienda está acentuando la crisis que ya existía”.
Explicó que los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor del nuevo texto legal no estarán sujetos a la intervención administrativa de SUNAVI.
“La ley por sí sola no va a dar resultados, sino que requiere equidad, acuerdo entre las partes y una fórmula para la resolución de conflictos. Se busca abrir las puertas para que los arrendatarios también tengan opciones positivas”, afirmó.
