Luego de que cuatro profesionales de la Educación pasaran «injustamente» de dar clases, a la cárcel en cuatro meses, los «defensores de la revolución» cumplieron su cometido en la Tierra del Sol Amado y el 20 de julio, efectivos de la Guardia Nacional, detuvieron a Edilson Bohórquez, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia (LUZ), en la Carretera Intercomunal con Carretera D de la parroquia Simón Bolívar en el estado Zulia, mientras participaba en las manifestaciones con motivo de la convocatoria al paro cívico. Tras su detención, fue recluido en el Destacamento 113 del mencionado componente militar en Cabimas.
Este centro de detenciones no cumple los estándares internacionales establecidos en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos adoptadas por el primer congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de 1955, según defensores de derechos humanos. La condición médica de Bohórquez es «bastante delicada», puesto que padece de un cuadro de diabetes tipo II desde hace 20 años y osteoartritis bilateral en los hombros y desgaste del manguito rotatorio en el hombro derecho, por lo que necesita con urgencia ser operado.
La luz del profesor fue apagada en reiteradas oportunidades y una comisión de médicos del Instituto de Previsión Social del personal Docente y de Investigación de la universidad se dirigió al comando para atender y verificar su estado de salud, pero les fue impedido el acceso. También constató «que no le permitieron ver el sol ni recibió una dieta adecuada a su condición de salud» y sus pies se hincharon abruptamente por permanecer parado al compartir celda con otras 45 personas.
El catedrático fue puesto a la orden de los tribunales militares, en lugar de ser procesado ante la corte civil, le imputaron delitos como ofensa y menosprecio a las Fuerzas Armadas, ultraje al centinela y rebelión militar. Así «violentaron el principio del juez natural que integra los principios del derecho humano al debido proceso». El 24 de julio se realizó la audiencia de presentación ante los tribunales castrenses, donde se le otorgó la libertad bajo medida de presentación periódica y prohibición de salida del país.
De magistrado a encarcelado
Los días «oscuros» continuaron sobre los educadores y el 22 de julio el profesor Ángel Zerpa, de la Universidad Central de Venezuela y la Católica Andrés Bello, fue detenido por funcionarios del Sebin en Caracas. El docente de pregrado y postgrado en las casas de estudios anteriormente mencionadas, de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y profesor invitado de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de LUZ, fue recluido en la sede del Helicoide «en condiciones deplorables».
Zerpa fue uno de los 33 magistrados designados por la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2017. El 24 de ese mismo mes fue presentado ante los tribunales militares. Le negaron la posibilidad de ejercer el derecho a designar un abogado de confianza y el acceso a sus defensores. Se le asignó de oficio un defensor público militar y afectado por una medida de privación de libertad por parte de la magistratura. Ese mismo día y tras los resultados de su audiencia, se declaró en huelga de hambre, lo cual puede traer consecuencias graves para su salud.
Carmina, su hija, afirmó que su familia no tiene ningún contacto con el abogado desde que fue detenido y «necesitan constatar que se encuentra bien, además, para tratar de convencerlo de que termine la protesta. Su padre padece hipertensión y colitis ulcerosa, que en cualquier momento «por el nivel de estrés y por no comer, puede provocarle hemorragia y si no lo atienden a tiempo puede costarle la vida».
Sin paz
La vida de Carlos Requena, profesor de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, se transformó en una pesadilla el 20 de julio, cuando funcionarios de la Policía política colocaron sus manos sobre él, en el sector Los Olivos de Puerto Ordaz.
Fue trasladado al Destacamento 625 de la Guardia Nacional en Castillito y presentado el 22 de julio de 2017 ante el Tribunal 1.° de Control del estado Bolívar. El Ministerio Público no imputó ningún delito, pero la corte de oficio, dictó privativa de libertad por agavillamiento, es decir, asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos; instigación pública y cierre de vías públicas. Tras la decisión fue trasladado al Centro de Coordinación Judicial de Guaiparo.
Los «abusos» gubernamentales no cesan y desde Aula Abierta Venezuela, LUZ, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luis María Olaso de la UCV y el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, advirten sobre hechos «repudiables» como la detención «arbitraria» del profesor Julio García, de la Universidad de Carabobo por parte de funcionarios del Sebin, cuando se lo llevaron de su casa el pasado viernes.
Historia funesta
Explicar el entramado de las detenciones «arbitrarias» y «selectivas» es complejo, debido a que «no existen garantías» y «justicia». David Gómez, director de Aula Abierta Venezuela, una ONG dedicada a la defensa, promoción y formación en derechos humanos, comenta que estas prácticas se presentan desde hace «mucho» y como referencia reciente, están las detenciones que ocurrieron durante la ola de manifestaciones en 2014 y las de este año. «Hablar de un número exacto es complicado porque todos los días hay nuevos detenidos».
Estos generalmente permanecen en los centros de detención a la espera de ser presentados ante los tribunales civiles o militares, pero también recluidos propiamente cuando ya fueron afectados por una medida privativa de libertad por parte de la corte. En cualquiera de los casos, las personas no fueron condenadas y la investigación penal por los presuntos delitos se desarrolla. De los que están en libertad, algunos la tienen plenamente porque fueron liberados en el centro de detención sin ser presentados o no ante un juez de control, quien determinó que no existían razones para privarlo de libertad, mientras se desarrolla la investigación.
Existe otro grupo que se encuentra «en libertad», pero están afectados por medidas cautelares sustitutivas, como la prohibición de salida del Estado, presentación periódica o arresto domiciliario. Gómez, reitera que recibieron denuncias de detenidos que son golpeados desde el momento de su detención por parte de los funcionarios y tanto los centros de arrestos como los de reclusión, no cumplen con los estándares internacionales mínimos para ser operables.
Sin ley
Estos factores en su conjunto, constituyen actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, los cuales son condenados de manera enérgica en el sistema universal de protección de los derechos humanos e incluso dentro de la legislación venezolana, según puede leerse en un informe de distintas ONG. Esta situación, «va en contra de los estándares básicos de derechos establecidos en la Constitución en relación al debido proceso, violación de tratados internacionales, derecho a la educación, derechos civiles y políticos, integridad física, moral y psíquica».
Durante las acciones dirigidas a transgredir la autonomía universitaria, funcionarios agredieron al estudiantado y de acuerdo al director de Aula Abierta Venezuela, «preocupan las políticas de discriminación en recintos universitarios que tienen tendencias ideológicas progubernamentales, apertura de procedimientos, persecuciones dirigidas a expulsarlos, sometimiento a escarnios o humillaciones y creación de gobiernos paralelos en casas de estudios para deslegitimar las naturales».
