Rafael E. Fernández
Para este miércoles 5 de julio, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, presentará el informe oral sobre sus investigaciones de la situación en Venezuela en el período de mayo de 2022 hasta abril de 2023.
Sin embargo, se dio a conocer el informe escrito debidamente documentado y en el cual su oficina, instalada en Venezuela, certifica que persisten los casos de torturas, violencia sexual y represión contra pueblos indígenas en los estados Bolívar, Amazonas y Zulia, en contextos donde se practica la minería ilegal y otras formas de extractivismo.
“El Acnudh recibió denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas por parte de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y garimpeiros, mineros ilegales procedentes de Brasil, en el estado de Amazonas.
Otras denuncias indicaban trata de mujeres y niñas indígenas para su explotación sexual en zonas mineras o por miembros de grupos armados”, señala el documento.
Agrega que junto a este delito también se documentaron con evidencias y testimonios, una serie de asesinatos, mutilaciones, diversas formas de esclavitud (incluyendo trata sexual y trabajo infantil), acciones que están relacionadas a la extracción ilegal de oro en comunidades en los estados Bolívar, Amazonas y Zulia, donde operarían organizaciones armadas y delictivas no estatales.
En la advertencia, el Alto Comisionado revela que el Estado venezolano no aplica las investigaciones de rigor ni implementa políticas de seguridad que protejan a las poblaciones indígenas y campesinas vulnerables a este tipo de flagelos.
En el informe también se destacan los presuntos pocos esfuerzos que presuntamente hace el ejecutivo nacional para resolver las detenciones arbitrarias, la negación de asistencia médica a privados de libertad, el avance en algunos casos y proveer de un juicio justo, así como la falta de investigación en 91 denuncias de tortura documentadas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Admite que si bien es cierto ha disminuido, probablemente, el número de víctimas por la comisión de ejecuciones extrajudiciales, también es posible que exista una falta de denuncias por temor a represalias y el acceso limitado por las zonas donde se producen estas muertes.
Con información de Fe y alegría Noticias
