El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido poner fin a la legislatura de forma anticipada. En una comparecencia institucional este lunes, 5 de octubre, desde el Palacio de la Moncloa, el líder socialista ha anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre, la primera fecha disponible en el calendario.
La decisión llega tras un fin de semana de profunda reflexión junto a su núcleo duro y cargos del partido, precipitada por la derrota parlamentaria del pasado viernes. En dicha sesión, el rechazo de la oposición conservadora, la extrema derecha y los votos decisivos de Junts tumbaron los dos decretos urgentes sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros apenas tres días antes.
Claves del adelanto electoral
La caída de los decretos coincidió con una ola de indignación ciudadana y masivas protestas —con acampadas en Madrid y otras ciudades— motivada por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años.
Durante su intervención, Sánchez emplazó a los españoles a elegir entre dos modelos de país: sumarse a la «ola ultraderechista» que recorta derechos o consolidar a España como un «baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental».
El jefe del Ejecutivo reconoció errores y admitió que no se han podido cumplir todas las metas previstas debido a la falta de apoyos estables en el Congreso. Con este adelanto, busca una mayoría progresista más amplia para «doblegar a las élites» y profundizar en las reformas.
Sánchez cargó duramente contra el Partido Popular y Vox, a los que acusó de ejercer «la peor oposición de la historia democrática» sin sentido de Estado, y reprochó a Junts haber dado la espalda a los intereses de la gente común al tumbar las medidas de alquiler.
Un escenario al límite
Hasta ahora, la intención del Gobierno de coalición (formado por el PSOE y Sumar) era agotar la legislatura hasta 2027. Sin embargo, la extrema debilidad parlamentaria —agravada por la ruptura definitiva de los apoyos independentistas y las recientes investigaciones judiciales que salpican al entorno político y familiar del presidente— han abocado a La Moncloa a buscar una salida directa a las urnas, confiando en capitalizar el malestar social por el precio de la vivienda de cara a la cita electoral del 29 de noviembre.
