Dados los acontecimientos vividos en los últimos días, muchos se preguntan ¿cuál debe ser el papel del derecho internacional en la difícil situación que afronta Venezuela?
Los principales detractores de la diplomacia y la existencia de normas suelen ser los mismos que creen que las vías de hecho son la mejor forma de solucionar esta crisis; aquellos que consideran que, si no hay una invasión militar, el derecho internacional no es efectivo.
La situación de Venezuela hace que surjan dudas sobre la eficacia de la diplomacia, cuando pareciera que el gobierno puede hacer lo que quiera con su pueblo y sus instituciones, mientras que a la comunidad internacional no le queda más alternativa que ser un convidado de piedra ante el terrorífico espectáculo de la destrucción de una nación. Un actor impávido, que tiene que observar desde la barrera los abusos de un régimen que está en el poder. Ante esta incertidumbre, ¿se podría pensar que el derecho internacional o la comunidad mundial no pueden hacer nada por Venezuela?
Los recientes sucesos parecen demostrarnos que sí se puede hacer algo. El Tribunal Supremo de Justicia amenazó con destruir, del todo, la herida democracia venezolana borrando de un plumazo la institucionalidad del Estado que reposa en la división de sus poderes, acabando con la representación popular, y dejando de una vez por todas claro, que Venezuela no es nada más que una burda dictadura incapaz de discutir y generar consensos. Frente a hechos tan graves, la respuesta de la comunidad internacional fue tan unánime y contundente que sacudió los cimientos del mismo chavismo, llevando incluso a que miembros claves del oficialismo pidieran públicamente a la corte reconsiderar el fallo proferido, obligándola a echar atrás su decisión.
Eso demostró que la presión de la comunidad internacional sí tiene un efecto en los poderes venezolanos, que por más ciegos y sordos que sean, sí se estremecen por la manera como el mundo los ve. La comunidad de naciones demostró estar dispuesta a rechazar las acciones del oficialismo para evitar la degradación de la profunda e indigna crisis que golpea al hermano pueblo.
La reacción en contra del del Tribunal Supremo de Justicia permite que quienes desconfían de la eficacia del derecho internacional y la diplomacia sientan que, a través de ellas, puede haber una luz de esperanza para evitar que un gobierno déspota como el de Maduro cometa abusos.
Quienes creen que la solución no está en el marco del derecho suelen ser los que consideran que una acción popular violenta, derivada de una confrontación entre el pueblo y las fuerzas oficiales, son la única o la mejor alternativa para frenar la violación a los derechos de ciudadanos, periodistas, opositores; en una palabra: venezolanos.
La indignación que nos generan los abusos no debe hacernos olvidar que la historia le ha enseñado a la humanidad con letras de sangre que donde se deja de lado el derecho, no queda más que la violencia. Dejar de confiar en las reglas y principios que regulan la comunidad internacional para solucionar esta situación no haría más que lanzar a su pueblo a una guerra civil en la que perderíamos todos.
Reconocer que sus actos constituyen una violación a los principios democráticos es el primer paso para tomar medidas que permitan corregir esas actuaciones. Que el mundo entero le diga al gobierno venezolano al unísono que tiene presos políticos, que tiene que convocar a elecciones, que no es un régimen democrático, que está matando a su pueblo de hambre, que no puede seguir violando la libertad de prensa y que tiene que permitir y proteger a quienes critican su desempeño. Solamente eso llevará a que Nicolás Maduro no pueda seguir negándolo y tenga que afrontarlo.
También tienen que servir para establecer un mecanismo de disuasión bajo el cual el gobierno de Maduro tenga la certeza de que no va a estar para siempre en el poder, que algún día se logrará el cambio, y en ese momento los que hoy abusan de su autoridad tendrán que responderle al pueblo y al mundo, por no haber actuado acorde con lo dispuesto en su Constitución y los principios generales del derecho.
Más temprano que tarde, Venezuela tendrá una transición de la destrucción de la institucionalidad que hoy vive a la reconstrucción de una verdadera democracia, en la que se respeten los derechos de todos, a ser y a pensar distinto. En ese momento, el futuro les demostrará que quienes hoy actúan sin límites tendrán que responder por lo que han hecho.
El cambio que necesita Venezuela no puede ser impuesto por la comunidad internacional, porque con esa imposición se generaría más división y violencia al interior de su sociedad. El cambio debe ser logrado por el mismo pueblo, rodeado por la comunidad internacional, que ayude a Venezuela a recuperar su democracia.
NOTIZULIA / El Tiempo de Colombia
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