Rafael E. Fernández
Un total de 51 migrantes irregulares venezolanos y ecuatorianos, de ellos 14 menores de edad, fueron abandonados por traficantes cuando huían de las autoridades que los interceptaron en un sector del Caribe de Panamá, informaron este sábado fuentes oficiales.
Los migrantes, 46 nacionales de Venezuela y cinco de Ecuador, eran transportados en una lancha rápida. La misma fue avistada por una patrulla del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el litoral Caribe de la comarca indígena Guna Yala, fronteriza con Colombia.
El capitán Carlos Reyes, ejecutivo del Tercer Batallón Puerto Obaldía del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), explicó que los agentes policiales hicieron «señales de alto» a la lancha pero esta se dio «a la fuga encallando en una playa».
«Los ciudadanos que operaban esa lancha lograron internarse en la selva», y están siendo buscados por las autoridades. En su empeño por «contrarrestar el crimen organizado en su modalidad de tráfico ilícito de migrantes», afirmó Reyes.
De acuerdo con la información oficial, 10 de los migrantes abandonados recibieron atención médica. Estos resultaron con «heridas leves» al momento de que la lancha encalló en la playa, situada en el corregimiento de Tubualá, reseñó EFE.
Senafront rescató el pasado 19 de agosto a 29 ciudadanos chinos y 10 venezolanos que eran transportados por un hombre de nacionalidad colombiana que fue aprehendido, según la información oficial.
En lo que va de este año han llegado a Panamá, tras cruzar la peligrosa jungla del Darién, fronteriza con Colombia, más de 308.000 migrantes. Casi el 20 % de ellos menores de edad, de acuerdo con los datos de las autoridades panameñas.
Este éxodo es recibido en Panamá en estaciones migratorias donde hay presencia de una docena de organismos internacionales. Asimismo se ofrece asistencia médica y de alimentación a los viajeros, que han soportado la rudeza de la selva. Así como han enfrentado incluso la violencia de grupos criminales.
Panamá ha dicho que este fenómeno migratorio es un tema humanitario. Pero también de seguridad nacional, y ha acusado a los países del sur de América de dar la espalda al problema.
EFE
