El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que, tras tres meses de los sismos en Venezuela, un total de 20.639 niños, adolescentes y cuidadores han accedido a servicios comunitarios de salud mental y apoyo psicosocial del organismo y sus socios.
En un balance ofrecido sobre sus trabajos en el terreno, Unicef destacó la necesidad de «mantener este acompañamiento para las familias que afrontan pérdidas, desplazamiento y cambios en su vida cotidiana».
Explicó que el apoyo ofrecido se hace mediante espacios amigables para la niñez, espacios comunitarios seguros y equipos móviles. Las actividades buscan favorecer el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes, y fortalecer los vínculos con quienes los cuidan.
Los equipos también identifican «necesidades de protección y facilitan el acceso a servicios especializados cuando es necesario».
Asimismo, aparte de las necesidades de apoyo psicosocial, los equipos de protección han observado en esta fase «agotamiento entre los cuidadores, estrés prolongado y dificultades de convivencia».
Unicef asoció esta problemática con la pérdida o separación de seres queridos, además de la incertidumbre sobre el alojamiento y las nuevas responsabilidades de cuidado. Estas situaciones requieren «acompañamiento continuo y acciones para prevenir la violencia, el abuso y la negligencia».
El representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez, explicó que para un niño que pierde a un ser querido o tiene que dejar su hogar, «volver a sentirse seguro lleva tiempo», pues necesita «personas que lo escuchen, lo cuiden y lo acompañen».
«Apoyar también a quienes asumen ese cuidado es esencial. Ese acompañamiento debe continuar, por eso es fundamental sostener los servicios de salud mental y apoyo psicosocial también fuera de los campamentos”, agregó.
El organismo indicó que desde el inicio de la emergencia, 1.241 madres, padres, cuidadores y líderes comunitarios han participado en «acciones que promueven prácticas de crianza positivas, ayudan a reconocer riesgos y orientan sobre dónde solicitar ayuda».
El objetivo de estas prácticas es «fortalecer la capacidad de las familias y las comunidades para proteger a los niños durante la recuperación».
En el caso de las personas que son trasladadas de un lugar a otro sitio de alojamiento, los servicios «cobran mayor importancia», pues se puede perder contacto con los equipos que las acompañan y «encontrar mayores dificultades para recibir atención».
En ese contexto, Unicef y sus socios trabajan en una estrategia comunitaria para mantener el seguimiento, fortalecer las redes locales de protección y su coordinación con las instituciones.
Detalló que desde julio, al menos 520 funcionarios y actores institucionales, entre ellos personal de Idenna, Consejos de Protección y Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, han recibido capacitación y acompañamiento técnico en primeros auxilios psicológicos y protección de la niñez y adolescencia en emergencias.
«Este apoyo fortalece la detección temprana de riesgos, la prevención y atención de la violencia en todas sus formas y la coordinación de los servicios locales con las comunidades afectadas», añadió.
En su reporte, mencionó que 941 menores han recibido acompañamiento individual y asistencia legal para «evaluar sus necesidades, identificar riesgos y facilitar que las autoridades competentes dicten medidas de protección ante situaciones de violencia».
Otros 64 que han sido separados de sus cuidadores principales, y actualmente están al cuidado de familiares u otras personas, reciben acompañamiento en los «procesos de reunificación o colocación familiar», según cada situación.
Unicef y sus socios también han facilitado a 773 infantes y mujeres el acceso a servicios de prevención, mitigación de riesgos y atención frente a la violencia basada en género.
Señaló que mantener estos servicios requiere «financiación para personal especializado, equipos móviles, espacios comunitarios seguros y seguimiento individual». Actualmente, según dijo, persiste una brecha de 3,78 millones de dólares, equivalente al 53 % de los fondos requeridos para protección de la niñez y violencia basada en género en emergencias.
En ese sentido, el organismo solicitó «financiación oportuna y sostenida» para que los niños y familias puedan seguir «recibiendo apoyo emocional y protección en las comunidades donde viven».
La organización reiteró que continuará proporcionando asistencia técnica, suministros y apoyo operativo para avanzar desde las medidas de emergencia hacia soluciones más estables y sostenibles para las comunidades afectadas.
