NotiZulia / Herly Villalobos / Internacional
Colombia y Perú, están fallando en garantizar y proteger el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres provenientes del país caribeño.
Según datos oficiales, la violencia de género contra mujeres venezolanas escaló un 71 % entre 2018 y 2020 en Colombia y un 31 % entre 2019 y 2020 en Perú.
La vulnerabilidad a la que se han tenido que exponer las mujeres venezolanas en condición de migrantes o refugiadas ha sido tal que Naciones Unidas ha calificado como “la pandemia en la sombra” en América Latina. Según un estudio realizado por Amnistía Internacional, la violencia se debe a la perniciosa amalgama que engendran su estatus migratorio, la xenofobia, los roles de género preestablecidos socialmente y los estereotipos de hipersexualización hacia estas mujeres.
“En Perú y Colombia sí existen sistemas y normativas que protejan a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, pero en el caso particular de las mujeres venezolanas no se aplica y al final del día sus derechos están siendo violados”
Clara del Campo, encargada de campañas de (AI) para Sudamérica. EFE
La investigación de la AI, develo las fallas en la que han incurrido los países Colombia y Perú en cuanto a la protección de la mujer venezolana.
- la falta de acceso efectivo a la protección internacional
- la poca o nula disponibilidad de albergues temporales para sobrevivientes de violencia de género
- la brecha en el acceso a la información sobre las rutas de atención para las víctimas de violencia de género y el desconocimiento o la arbitrariedad de los funcionarios encargados de atenderlas.
En tal sentido el informe de la AI, concluyó que:
“los Estados colombiano y peruano, que juntos albergan más del 50 % de las seis millones de personas que han huido del país petrolero, “claramente no cumplen con su obligación” de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres venezolanas.
“El problema no es tanto en la ley, en la letra de la norma, sino en la práctica y en la arbitrariedad en la que funcionan las personas funcionarias”
Reitera Del Campo.
