A un mes de su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ya destituyó a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República, se atribuyó las competencias de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, discute la Ley de los Delitos contra el Odio para regular las redes sociales y sancionar a quienes «instiguen» a la violencia, convocó al diálogo para superar la crisis y planteó crear un nuevo modelo económico post petróleo. Expertos constitucionales concuerdan en que se han enfocado en varias cosas, menos en lo que corresponde a su verdadera razón de ser que es redactar una nueva Constitución.
La «plenipotenciaria», como la llaman sus 545 miembros, todos oficialistas, se instaló el pasado cuatro de agosto. Designaron a Delcy Rodríguez en la Presidencia. «El poder constituido está subordinado a esta ANC», enfatizó la excanciller. Al otro día, extendieron su duración de seis meses, como lo determina el estatuto de la Constituyente de 1999, a dos años. Diosdado Cabello propuso que se eleve a seis años. No fue sino en la última semana de agosto cuando anunciaron que comenzarían la redacción del nuevo texto constitucional.
«Según la Constitución, lo que debe hacer la Constituyente es redactar una nueva Carta Magna que establezca las bases del nuevo orden jurídico y político del país, pero no se ha dedicado a eso. No debe intervenir el Ministerio Público, ni asumir competencias de la AN. Eso es ajeno a las atribuciones de la ANC, y es lo que más hemos visto en su actuación. Todas esas destituciones o ratificaciones, son decisiones contrarias a lo que debe hacer la Constituyente que es escribir la nueva Constitución, más nada. Según la Carta Magna de 1999, esa es su única función. No tiene otra», expuso a La Verdad Juan Berríos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Zulia (LUZ).
Indicó que las funciones de la ANC no están claras desde el día que el presidente Nicolás Maduro anunció su convocatoria. «Prácticamente fue utilizada como un instrumento para cercar al Parlamento y a la oposición», afirmó, reiterando que la Ley contra los Delitos de Odio será para la persecución política. Cuestionó que el primer mandatario haya entregado a los constituyentes el borrador de la Constitución de 1999. «No tiene sentido si lo que van a redactar es algo nuevo», fustigó el abogado, quien ante la interrogante de si la instancia se convirtió en el brazo político del Gobierno, respondió «sí, claro. Así es. Es para superponerse sobre la AN y terminar de neutralizarla no solo a ella, sino a cualquier otro que de alguna forma evidencie que está en contra del Gobierno».
Sin afectar otros poderes
Juan Manuel Raffalli, profesor de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y en la Universidad Monteávila (UMA), coincidió en que la única misión de la ANC es redactar el nuevo texto constitucional y que solo podrá decidir en cuanto a otros poderes en tanto no afecte el funcionamiento de estos. «Se está extralimitando de sus funciones», aseveró.
Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, resaltó que el organismo no debe ser para legislar «y menos en algo tan delicado como delitos que involucran privación de libertad». Opina que al parecer crearon la ANC para quitar el foco de atención del jefe de Estado. «Nadie se mete con Maduro, sino con la Constituyente. Pretenden crear un foco que permita que Maduro tenga un brazo receptor de la disidencia y él corrija lo que no le guste», dijo.
