El hacinamiento descontrolado en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas en la Costa Oriental del Lago desencadenó que los calabozos de los cuerpos de seguridad distribuidos en los siete municipios se convirtieran en los sitios de reclusión ordenados por los jueces del Circuito Judicial en Cabimas. Estos reducidos espacios, son prioritarios para la permanencia de los internos mientras cumplen con las fases judiciales tras incurrir en algún delito tipificado en las leyes venezolanos. No hay límites para su ingreso, ni siquiera la capacidad ni los metros que dispone cada uno.
La crisis carcelaria deriva tras la clausura de la Cárcel Nacional de Maracaibo, en septiembre de 2013, y la intervención del retén El Marite, en abril de este año. Según la ONG, Una Ventana a La Libertad, se estima que en 300 por ciento se incrementó el hacinamiento en los calabozos de los centros de coordinación adscritos al Cuerpo de Policías del Estado Zulia, la Guardia Nacional, policías municipales y en las dos sedes de la Policía Científica dispuestas en Cabimas y Ciudad Ojeda. Hasta 40 internos yacen en el interior de los calabozos.
El silencio ensordecedor de la situación lo rompen los familiares de los reclusos, puesto que los jefes de cada uno de los cuerpos de seguridad no declaran al respecto, a pesar, que sus funciones se redoblaron y recaen sobre sus hombros la custodia de los hombres y mujeres quienes tras la acusación del Ministerio Público el juez de la causa ordenó la medida privativa de libertad y estipuló como sitio de reclusión el cuerpo de seguridad que ejecutó el procedimiento.
Dichos calabozos no reúnen las condiciones mínimas requeridas para la permanencia de los reclusos. Los espacios dirigidos para “aprehensiones preventivas” son reducidos y no cuentan con salas sanitarias en su interior. En los cuerpos de seguridad, eventualmente, realizan jornadas de atención médicas para contrarrestar de alguna forma las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de piel e incluso se han registrado muertes por contagio de tuberculosis. No existe área de aislamiento para los enfermos.
Los casos de violación a derechos humanos van en ascenso dentro los calabozos. Los internos duermen de pie, no se bañan y hacen sus necesidades fisiológicas dentro del reducido espacio. Incluso, una fuente judicial, reveló que hace dos años debió cambiar la medida de privación de libertad y conceder una cautelar de casa por cárcel a un reo luego que los 23 compañeros de celda lo sometieran a un abuso sexual.
“Pese al delito (robo agravado) me vi en la obligación de acceder a la medida de protección que solicitó el Ministerio Público”. Añadió que en algunos casos los jefes de los cuerpos policiales se niegan a cumplir con la orden de reclusión, puesto que, advierten que presentan falta de capacidad y custodia.
Una fuente policial indicó que la custodia de los internos también es limitada y les atañe otra arista que es perjudicial y afecta sus labores e incluso pone en riesgo su libertad. Temen motines y fugas, éste último ha provocado el juicio de los policías que cumplen con la guardia el día de la evasión.
Los barrotes de los calabozos tampoco no han impedido el registro de extorsiones. En noviembre del año pasado Mervin Morillo Marrufo (21), por medio de dos teléfonos celulares, extorsionaba a sus víctimas y los obligaba a visitarlo para hacer la entrega del efectivo exigido.
El nerviosismo de una mujer que intentó hacerse pasar como su esposa, despertó sospecha y al interrogarla confesó que en el interior de la bolsa, además de ropa había el dinero para pagar la extorsión. Marrufo permanecía en el comando policial desde junio de ese año tras incurrir en el delito de extorsión. Las investigaciones determinaron que no era la primera vez que recibía dinero. Actualmente Polilagunillas custodia a 37 internos.
