Rafael E. Fernández
Diversas organizaciones internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones que pese a su alto valor ecológico y ser cuna de más de 25 comunidades indígenas, la cuenca del Orinoco venezolano se ha convertido en los últimos años en una de las áreas naturales más amenazadas del planeta.
«El ecocidio en la Orinoquía venezolana, impulsado por la política del Arco Minero del régimen de Nicolás Maduro, ya es la destrucción ambiental más grave y que avanza a mayor velocidad de todas las Américas, con un ritmo de pérdida de bosque prístino de 170% anual», denunció Cristina Burelli, directora de la organización SOS Orinoco, en una entrevista para el diario El Confidencial.
Una de las principales amenazas que se ciernen sobre la cuenca del Orinoco venezolano es el rápido e incontrolado aumento de la actividad minera en la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Y es que este terreno de alrededor de 111.000 kilómetros cuadrados no solo acoge varios parques nacionales y áreas protegidas, también posee grandes reservas de oro, cobre, diamantes, coltán o bauxita, entre otros minerales de alto valor y gran demanda de mercado.
El AMO fue creado por el gobierno venezolano en 2016 para regular y ordenar el aprovechamiento de esta fuente de riqueza en la región, después de que en 2011 el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizase la industria minera y declarase que todo el oro extraído en Venezuela era propiedad del Estado. Sin embargo, esto ha traído consecuencias nefastas tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales.
Un informe presentado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denunció que el alto impacto ambiental y social que está causando el AMO en la cuenca venezolana del Orinoco ha despertado ahora la preocupación internacional.
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