La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) someterá este martes a evaluación el reciente fallo emitido por el denominado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, que recientemente atribuyó “los méritos suficientes” para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro, por su presunta vinculación en casos de corrupción con Odebrecht. Esto en atención a la formalización de la solicitud para la continuación del juicio penal.
En respaldo, el Bloque Constitucional Venezuela, manifestó a través de un comunicado su apoyo al fallo del TSJ, e instó a la AN a autorizar la querella, con el fin de permitir la normal continuidad del debido proceso judicial.
Con base a las pruebas anexas a la sentencia, el movimiento que agrupa a diversos juristas venezolanos, entre los que figuran Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Alberto Arteaga, Román Duque Corredor, entre otros, refirió que el fallo podría “de manera justa y transparente determinar la veracidad o no de las graves pruebas” suministradas por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz las cuales “comprometen la honorabilidad del Nicolás Maduro”, pues, presumen un negativo y delictual desempeño de su gestión pública.
Por otro lado, pero con el mismo orden de ideas, el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVCD), José Vicente Haro, en consulta de El Universal consideró “totalmente factible que la AN permita el normal curso” de la solicitud hecha por el TSJ teniendo en cuenta que para ello se requiere una mayoría absoluta. Es decir, la mitad más uno, “lo que se conoce como mayoría simple de los diputados presentes en la sesión”.
En relación a diferentes pronunciamientos de algunos dirigentes quienes alegan que no procede el juicio debido a que el denominado
TSJ en el exilio solo está constituido por 13 magistrados y no por 33; Haro explicó que “si se lee cuidadosamente el fallo del TSJ hay más de 20 firmas de magistrados”.
Argumentó que “por razones de persecución política se vieron forzados a abandonar el país”, y en el exterior esos principales incorporaron de conformidad al reglamento de la instancia a sus suplentes lo que es igual en la totalidad de sus miembros.
Detractores
El constitucionalista y profesor de la UCV Pedro Afonso Del Pino cree que “ese TSJ en el exilio no es legítimo en ningún punto”. Consideró que el procedimiento que se empleó para nombrar a los magistrados violó la Constitución. No hubo la debida consulta al Poder Ciudadano.
Para el constituyentista Jesús Silva “el juicio contra el presidente no tiene lógica jurídica” por cuanto según explica “la AN no tiene competencias para enjuiciar al Presidente.
A su juicio “la iniciativa busca convalidar que no tiene existencia en el derecho, porque se trata de un supuesto TSJ que ni siquiera tiene su base en el país” y que según él “fue generado por actos inconstitucionales de la misma Asamblea, lo que demuestra su legalidad”. Para Silva, “el TSJ es un grupo de personas asociadas para delinquir y que usurpan funciones de verdadero ente”.
NOTIZULIA / El Universal