Rafael E. Fernández
Venezuela, a través de un comunicado, presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de desmentir los señalamientos que implican al país en supuestos crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con el documento, «Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’, impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Demostró además que el sistema judicial venezolano se encuentra activado permanentemente «para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción».
Cita como ejemplo de la naturaleza política del proceso, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI, como una víctima de tortura, que al ser entrevistado por las autoridades negó haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal.
Igualmente, Venezuela denuncia «los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales», y reitera que defenderá «sus derechos como Nación, frente a esta fórmula de colonialismo jurídico que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos».
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