Pasados siete días del sorpresivo operativo de contrainteligencia militar en el cual fue rodeado el líder insurrecto y exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Alberto Pérez, y posteriormente abatido durante un enfrentamiento a tiros –según versión oficial- la destacada periodista Sebastiana Barráez, muy cercana a la esfera castrense venezolana, ahondó en detalles no revelados sobre múltiples irregularidades en el procedimiento.
“Para empezar, Óscar Pérez cometió un error que al final sería el que le costó la vida y fue conceder, bajo su condición, una entrevista a la cadena internacional de noticias CNN. Pérez subestimó el poder de las comisiones que estaban tras su pista y fue a partir de esa conversación que se facilito la localización de Pérez”.
Barráez afirma que las fuentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han manifestado que el procedimiento contra Pérez estuvo plagado de errores “fallas de control y control”.
La periodista aseveró que un comandante del Ejército, cuyo nombre, por razones obvias no reveló lo explicó así: “Ese error lo vamos a pagar caro a nivel de opinión pública internacional. Dimos un pobre ejemplo de descontrol, falta de pericia y mal manejo de un evento al que solo había que aplicarle el manual. Eso ocurre cuando se desvirtúa la actuación profesional porque la única intención era matar al piloto y a su grupo, en lugar de considerar a tanta gente entrenada que hay en el país. El hombre ya estaba rendido y no era necesario asesinarlo. Eso lo estipula las leyes de la guerra con los prisioneros, está enmarcado en el Convenio de Ginebra, es lo que se llama honor al caído”.
“Matar a alguien rendido es indigno, es nazi” fue uno de los comentarios más directos que se pudo saber del comandante, reseñó Barráez.
Los tres errores fatales
El 16 de enero, un día después de la muerte de Óscar Pérez, Barráez publicó un comunicado en el cual hace saber tres elementos altamente criticados por funcionarios de varios rangos dentro del ala militar del país:
1.- Si bien es cierto que Oscar Alberto Pérez cometió el delito del helicóptero y el robo de las armas en el comando de la GNB, no cometió ningún asesinato ni hubo heridos en esas dos acciones que ejecutó.
2.- El grupo Soldados en Franela que acompañó a Oscar Pérez manifestó claramente en voz alta y video que estaban rendidos, se declararon rebeldes, con oposición al gobierno, y aún así fueron asesinados.
3.- La participación del jefe del colectivo “Tres Raíces”, Heyker Vásquez, quien tiene investigación por cinco homicidios. “Es el uso de civiles armados para hacer el trabajo sucio de la FANB”.
“Que no se haya resguardado la escena de los hechos y más bien se haya procedido a demoler la vivienda donde Oscar Pérez y su grupo estaba refugiado en El Junquito, dice mucho de lo desatinado que resultó todo el procedimiento” resaltó Barráez en su escrito.
El portal Punto de Corte, publicó parte del análisis de Barráez sobre los hechos del cual se extrae: “Primó el odio personal, las ansias de complacer a quienes pedían la cabeza del joven inspector y piloto del CICPC, quien el 27 de junio 2017 secuestró un helicóptero que sobrevoló Caracas y lanzó bombas sonoras sobre el TSJ y la sede del Ministerio del Interior y que, luego, el 18 de diciembre 2017, tomó por asalto el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), perteneciente al Cuarto Pelotón de la 1ra Compañía, ubicado en el estado Miranda. Dos acciones limpias, sin heridos y sin muertos”.
El mayor (GNB) Rafael Enrique Bastardo Mendoza, le dice a Oscar Alberto Pérez: “Ahorita estaba hablando con Pimentel y le dije que la orden del Presidente, y se extrañó, es resguardarle la vida”.
Ese mayor, desconocido para muchos, perteneció al Grupo de Acciones de Comando de la GNB, donde “tuvo un desempeño regular, – confiesa un general de su componente- un poco indisciplinado y arbitrario”.
Bastardo también estuvo en Guárico con el ex gobernador Rodríguez Chacín y luego fue enviado como Director de Operaciones y Acciones Tácticas de la Policía Nacional en tiempos del general Juan Francisco Romero Figueroa.
No es casual que al día siguiente del operativo, sea sustituido el comandante general de la Guardia Nacional, MG Sergio Rivero Marcano por su compañero de promoción y compadre el MG Richard López Vargas, Viceministro de Servicios, Personal y Logística del Ministerio de la Defensa.
¿Objetivo era matar?
Barráez resalta que en la conversación con este comandante del Ejército, se concluye con que el objetivo era matarlo, no había otro. Un oficial activo del Ejército, que participó en la asonada del 4F en 2002, se lo explica a Barráez así: “Le explico esto licenciada, aunque sea doloroso decirlo, fue un procedimiento policial lleno de vicios. No hubo interés de negociar y mucho menos generar la certidumbre que debe primar en un Estado garantista de los derechos humanos, tampoco del cumplimiento del Código Procesal Penal que se preocupe de los contrapesos, transparencia, dignidad, fe religiosa. Fue un procedimiento judicializado que encuadró su ejecutoria en la Corte Internacional Penal y en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
Agrega: “ese operativo tuvo daños colaterales con muertes de civiles, que aún no salen a la luz pública. A eso se le suma el reconocimiento de Freddy Bernal de la participación de civiles armados pertenecientes a colectivos del 23 de Enero con complacencia o participación de los órganos de seguridad que estaban allí”.
“Y sin duda que hubo uso excesivo de la violencia, con inclusión de lanza granadas y vehículos de guerra. No hubo un negociador, que era esencial, más aún cuando a través de las redes se vio la clara intención de negociar por parte de los rendidos, porque estaban rendidos. Además, la presencia de un fiscal del Ministerio Público como garante de la legalidad y la acción penal, tampoco se evidenció. Ni siquiera el acceso a la prensa”.
Entierro turbio
El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero aseguró, este domingo, desde el Cementerio del Este, en Caracas, que se incurrió en una violación de los Derechos Humanos en torno al culto religioso, libertad de religión, libertad de expresión y dignidad humana por cuanto fue prohibido a los deudos celebrar los ritos funerarios bajo los cánones cristianos.
«Se impidió el derecho de velarlos y de vestir a los asesinados. Tuvieron que ver a sus seres queridos con sábanas encima. Fueron enterrados sin la presencia de sus familiares».
En similares circunstancias fueron enterrados los cuerpos de los otros fallecidos. En el Zulia, el gobernador Omar Prieto recibió en la Base Aérea Rafael Urdaneta (BARU) a los cuerpos de Daniel Soto y los hermanos Lugo.
Sus deudos aguardaban el sábado a las 3.00 de la tarde los cuerpos de sus parientes en el aeropuerto La Chinita, pero como procede en estos casos, los cadáveres ingresaron a la BARU donde fueron recibidos por Omar Prieto Fernández y trasladados sin más ni más al cementerio La Chinita, que estaba fuertemente custodiado por las fuerzas policiales quienes impidieron el acceso a familiares y amigos de los fallecidos.
Una tía de los fallecidos leyó una conmovedora carta ante la fría mirada del centinela, en la cual su sobrino pedía a sus compañeros de armas, militares y policías para que luchen por su patria. La dama con sus mejillas empapadas de lágrimas suplicó le dejaran acompañar a los caídos, pero la petición fue denegada.
Redacción Notizulia / Con información de El Estímulo / Foro Penal / Puntodecorte.com
