TSJ ordena congelar cuentas de Fiscal Luisa Ortega Díaz y le prohíbe salir del país

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por el magistrado Maikel Moreno, aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, en la solicitud de antejuicio de mérito que interpuso contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. 

 

 

Asimismo, fija la audiencia oral y pública para el martes 4 de julio a las 10:00 a.m., de conformidad con lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 374 del Decreto de Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

 

 

Las medidas cautelares acordadas por la Sala Plena consisten en lo siguiente: prohibición de salida del país de la ciudadana Luisa Ortega Díaz; prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes, y congelar todas sus cuentas bancarias. 

 

 

En la decisión se ordenó notificar a Luisa Ortega Díaz, Pedro Carreño y a Tarek William Saab a los fines de comparecer a la celebración de la aludida audiencia.

 

 

El diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv, Pedro Carreño, consignó el pasado viernes 16 de junio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un documento para «enjuiciar, si hay mérito» a la Fiscal General de la República Luis Ortega Díaz.

 

 

Carreño la acusa de mentir al asegurar que no aprobó la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en 2015.

 

 

La decisión se enmarca en un recrudecimiento de la crisis política por las protestas opositoras que vive el país desde hace tres meses, y dejan 79 muertos, y las denuncias hechas por Maduro sobre un «ataque terrorista» como parte de una intentona golpista.

 

 

El gobierno asegura que el TSJ fue atacado el martes con cuatro granadas desde un helicóptero pilotado por un policía y actor, identificado como Óscar Pérez, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.

 

 

La aeronave de la policía científica CICPC fue encontrada este miércoles en la población de Osma, cerca de Caracas, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.

 

 

«Parece que todo el país es terrorista (…) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado» mediante sentencias del TSJ y acciones represivas contra las protestas, afirmó este miércoles la fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional.

 

 

– «Escalada golpista» –

 

 

Maduro dijo haber activado «toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad» y capturar a Pérez, un inspector aeronáutico del CICPC, cuyo paradero se ignora. 

 

 

Pero en la ciudad no se observó este miércoles una presencia inusual de militares.

 

 

El martes circularon videos en redes sociales que muestran el helicóptero sobrevolando Caracas. También fotos de la nave con un cartel que decía «350 Libertad», en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno.

 

 

Pérez divulgó además videos en los que afirma ser parte de una «coalición» de militares, policías y civiles, y le exige a Maduro que renuncie y permita elecciones generales.

 

 

Maduro sostiene que el episodio se inscribe en una «escalada golpista» opositora, y afirmó que irá al «combate» si la revolución fuera derrocada. «Lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas», advirtió.

 

 

El TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo condenaron el «atentado terrorista». 

 

 

La titular del CNE, Tibisay Lucena, garantizó la elección de la Asamblea Constituyente el 30 de julio, ante «amenazas» de la oposición de impedirlo.

 

 

Los comicios generales son la principal exigencia de las protestas, que este miércoles continuaron con nuevos bloqueos de vías para forzar a Maduro a suspender la Constituyente. Durante la noche se registraron refriegas en sectores populares del oeste de Caracas.

 

 

La Fiscalía confirmó que la madrugada de este miércoles murió el joven Isael Macadán, de 18 años, tras recibir dos disparos luego de una manifestación en Barcelona, estado Anzoátegui (norte), y en la noche falleció Luigin Paz, de 20 años, tras ser arrollado en una protesta en Maracaibo, estado Zulia (noroeste). 

 

 

– ¿Trama oficialista? –

 

 

El canciller Samuel Moncada criticó el «silencio» de muchos países frente al supuesto complot, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea.

 

 

Ante la denuncia de Maduro, la UE pidió poner fin a la violencia, mientras México expresó su «enérgico rechazo» a la violencia, y Brasil condenó tanto el ataque como el «asedio de grupos paramilitares» el martes contra el Parlamento de mayoría opositora.

 

 

Por su lado, Cuba fustigó los «ataques terroristas» contra el TSJ y el silencio «cómplice» de la OEA sobre esos hechos.

 

 

Maduro vincula al complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según el presidente tuvo a Pérez como piloto. A ambos los señala de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).

 

 

«Los militares retirados no dan golpes», se defendió Rodríguez Torres.

 

 

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no descarta que todo pueda tratarse de un montaje del gobierno. «Sea lo que sea es gravísimo», dijo Julio Borges, presidente del Legislativo.

 

 

La experta en temas de defensa Rocío San Miguel descartó «un alzamiento militar» en Venezuela.

 

 

«Es posible que lo del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (…) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad», comentó a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres.

 

NOTIZULIA / Panorama 

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