Luisa Ortega Díaz, la primera en romper las filas del chavismo, vio ayer el final de su carrera como fiscal general, luego de abrir la puerta a una ola de investigaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el estreno de los oficialistas al frente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Ortega Díaz, como fiscal general, llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que llevó al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de prisión.
La abogada, de 59 años, identificada con el chavismo marcó un punto de inflexión con el Gobierno el pasado 31 de marzo y sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes denunciando el riesgo de ruptura del orden constitucional con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones del Parlamento.
Abrió investigaciones en contra de funcionarios de los cuerpos de seguridad por la represión de las protestas opositores y contra altos funcionarios del Ejecutivo y familiares por supuestos delitos de corrupción vinculados con PDVSA y la brasileña Odebrecht.
Ortega también cuestionó la designación «irregular» de una treintena de magistrados que componen el TSJ y esos mismo jueces abrieron el procedimiento que terminó con su destitución.
