El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a notificar a cientos de miles de migrantes que su permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que deben abandonar el país “de forma inmediata”, según confirmaron fuentes oficiales y una copia del aviso obtenida por CNN.
La medida afecta a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron bajo el programa de parole humanitario (CHNV), implementado durante el gobierno del demócrata Joe Biden.
Más de medio millón de personas se beneficiaron de este programa, que ofrecía una vía legal de entrada a EE.UU. para quienes contaran con un patrocinador aprobado.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, reafirmó la política a través del aviso oficial
Terminar los programas de libertad condicional de CHNV, así como las paroles de quienes lo explotaron, será un retorno necesario a las políticas de sentido común, un regreso a la seguridad pública y un regreso a EE.UU. primero».
El aviso enviado a los beneficiarios indica que también se revocarán sus permisos de trabajo y se les exige devolver esos documentos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para reducir drásticamente la inmigración —tanto regular como irregular— al país.
La revocación del estatus migratorio ya ha tenido efectos concretos en el mundo laboral. En Florida, Disney suspendió a decenas de trabajadores venezolanos, conocidos como cast members, otorgándoles un periodo de 30 días no remunerados para regularizar su estatus antes de ser despedidos definitivamente.
De igual forma, Walmart ha comenzado a despedir migrantes en varias de sus tiendas, principalmente en Texas y Florida, debido a la expiración de sus permisos de trabajo vinculados al parole
Estas medidas han provocado protestas en distintas ciudades, como Los Ángeles, donde se decretó un toque de queda tras varios días de disturbios relacionados con operativos migratorios federales.
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Restricciones de visas
En paralelo a la cancelación del estatus legal de más de medio millón de migrantes, Estados Unidos también ha endurecido su política migratoria a través de nuevas restricciones consulares.
Desde el 9 de junio de 2025, el Departamento de Estado suspendió la emisión de ciertas categorías de visas (incluyendo B‑1, B‑2, F, M, J e inmigrante) para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, alegando razones de seguridad nacional.
Aunque las visas emitidas antes de esa fecha siguen siendo válidas, la medida limita significativamente el ingreso futuro de personas provenientes de esos países, incluso para quienes planeaban viajar por motivos de estudio, turismo o reunificación familiar.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ha intensificado las deportaciones hacia Venezuela. Desde marzo, más de 230 migrantes venezolanos han sido enviados a El Salvador como parte de un acuerdo bilateral que contempla su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele.
Aunque las autoridades estadounidenses sostienen que los deportados están vinculados a bandas criminales como el Tren de Aragua, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que muchos fueron expulsados sin un debido proceso, y que varios no contaban con antecedentes penales. También se han documentado casos de desapariciones forzadas tras su traslado.
El Diario
